La Unión Europea se apresta a fortalecer su marco legal contra el crimen ambiental mediante la actualización de la Directiva sobre la Protección del Medio Ambiente a través del Derecho Penal, una medida que subraya la creciente preocupación por las devastadoras consecuencias de estas actividades tanto para el entorno natural como para la salud humana. El crimen ambiental, considerado una de las actividades ilegales más lucrativas a nivel mundial, abarca una amplia gama de acciones que van desde la gestión indebida de residuos y la emisión ilegal de sustancias tóxicas, hasta el tráfico de especies protegidas y la destrucción de hábitats naturales.
Este ambicioso proyecto busca reforzar la eficacia de las leyes penales existentes, ampliando la lista de delitos ambientales y ajustando las sanciones correspondientes, en un intento por contrarrestar la insuficiente disuasión y la escasa cooperación transfronteriza observadas tras la evaluación de la Directiva de 2008. Los delitos ambientales, que previamente se limitaban a nueve categorías bajo el marco legal de la UE, ahora se ampliarán a 18, incluyendo nuevos ítems como la importación y uso de mercurio y gases de efecto invernadero fluorados, el agotamiento ilegal de recursos hídricos y la contaminación originada por buques, entre otros.
Las futuras sanciones propuestas establecen penas de prisión y multas considerables tanto para personas físicas como jurídicas, introduciendo un término de encarcelamiento de hasta cinco años para delitos como la gestión inadecuada de residuos o la comercialización de madera talada ilegalmente. Delitos intencionales que resulten en la muerte de personas podrían acarrear penas de hasta diez años, mientras que aquellos que causen daños catastróficos al medio ambiente podrían enfrentar hasta ocho años de prisión. Las entidades legales, por su parte, podrían enfrentar multas de hasta el 5% de su facturación total mundial o, alternativamente, 40 millones de euros por los delitos más graves.
Esta Directiva no solo busca castigar, sino también prevenir, obligando a los infractores a restaurar el medio ambiente o compensar el daño causado, y excluyéndolos de financiamiento público o retirando sus permisos o autorizaciones. Además, se introduce el concepto de «delitos cualificados», aquellos que, cometidos intencionalmente, causan daños extensos e irreversibles a ecosistemas de considerable tamaño o valor ambiental, o que afectan gravemente la calidad del aire, suelo o agua.
La inclusión de medidas de apoyo para aquellos que denuncian delitos ambientales y cooperan con las autoridades refleja un enfoque holístico que busca no solo castigar, sino también prevenir y educar, fomentando una participación activa en la protección del medio ambiente.
El proceso de adopción formal de esta Directiva aún está en curso, y una vez promulgada, los Estados miembros tendrán la responsabilidad de incorporar estas nuevas normativas a su legislación nacional, marcando un paso significativo hacia la lucha contra el crimen ambiental en Europa. Esta medida refleja el reconocimiento de que proteger el medio ambiente es esencial no solo para preservar nuestra biodiversidad y recursos naturales, sino también para garantizar un futuro saludable para las próximas generaciones.